20 Jun Desmontando prejuicios: análisis de la absolución en el caso de estafa en Madrid

La Sección número 4 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia absolutoria a fecha 19 de junio de 2023 sobre la causa investigada por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el año 2021 referente a supuestos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal de 17 presuntos partícipes, sumadas 5 empresas como posibles responsables civiles (entre ellas Caixabank S.A.).

En una sentencia firmada por los Magistrados Don José Hervás Ortiz, en calidad de ponente, Doña María José García-Galán y Don Abel Téllez Aguilera se analiza, durante 207 páginas, todos los aspectos relacionados con una investigación policial llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito de Salamanca (Madrid) del Cuerpo Nacional de Policía. Sentencia estructurada de manera lineal que permite distinguir, desde el comienzo, el relato fáctico y lo que ha motivado dicho relato, el hecho probado y la valoración de la prueba que lleva al convencimiento.

Así se exponen 10 testimonios de testigos, las acusaciones, y 14 declaraciones de miembros de la Policía Nacional donde se destaca con lenguaje claro y comprensible cada pormenor de la investigación para, consecuentemente, resolver cada disonancia, contradicción, error u omisión de los 24 testimoniados ante las diferentes preguntas del Ministerio Fiscal, acusación y defensa.

Se subrayan ciertas expresiones que son clarificadoras: “Intensas dudas sobre la calidad de las informaciones que la testigo ha suministrado a lo largo del procedimiento”, “A la vista de la declaración de este testigo cabe dudar sobre si los reconocimientos fotográficos por él realizados contaron con suficientes garantías”, “No es descartable, en modo alguno, la existencia de prejuicios de los investigadores […] que esos prejuicios fuesen trasladados, de forma consciente o inconsciente, a las personas que practicaron los reconocimientos”, “debe señalarse que prácticamente la totalidad de los agentes que declararon […] mantenían un recuerdo absolutamente vago y lejano de las investigaciones realizadas en su día […] hasta el punto que fue una tónica general a lo largo de las sesiones del juicio oral la continua formulación de preguntas sugestivas –cuando no capciosas- por parte de las acusaciones”.

De las declaraciones de los acusados no se pudo extraer ningún elemento incriminatorio, hecho que se destaca a la vista de que las acusaciones “no aportaron elementos incriminatorios de pruebas suficientes”.

Se cierra la sentencia con una profunda reflexión sobre el alcance de los sesgos cognitivos en los investigadores policiales, sobre la carga de intención para mantener unos documentos neutros haciéndolos pasar como ilícitos (sin peritación alguna). Una investigación que ha llevado a 17 personas a un proceso judicial largo y no exento de dificultades, detenciones e imputaciones sin justificación, sin respaldo probatorio suficiente (“y lo que es peor y aún más injustificado”), que posteriormente hayan sido acusadas “sobre la base de ese mero prejuicio, hipótesis o conjetura, carente de suficiente respaldo objetivo”.

Por último, entendiendo la sentencia como un estructurado planteamiento que no deja indiferente a ningún lector, tenga o no formación jurídica, se pueden observar los diferentes perfiles jurídicos de los operadores, sus preguntas, sus intereses, sus líneas de investigación. Así se recoge la actuación del Ministerio Público con especificidad por parte del Ponente y se destaca la línea que marcaba el letrado penalista David Fechenbach Marcos, experto en la deconstrucción de los atestados para analizar la lógica argumental que cada acción policial intenta convertir en prueba: teléfonos móviles sobre los que no se hacen volcados de datos, cómo proceden al análisis de las limitaciones cognitivas de los testigos para emitir testimonio, si los documentos notariales de cotejaron con el protocolo del notario antes de elevarlos como documento ilícito y acusar por ello,  qué lleva a un agente policial a determinar la existencia de un grupo criminal, cómo plantean los investigadores sus hipótesis. Una dinámica de defensa sostenida sobre el profundo conocimiento procesal del letrado, la especialización en los delitos más graves y de instrucción más compleja y la pasión por defender los intereses de los clientes.